El principio de "non bis in idem" | Vexo Abogados

El principio de “non bis in idem” o imposibilidad de sancionar dos veces el mismo hecho

En ocasiones, la Administración, debido a una falta de coordinación entre sus entes sancionadores, sanciona por dos vías la misma infracción, lo que contraviene el principio del “non bis in idem”. Éste implica que no se sancionará una conducta doblemente en vía administrativa y penal cuando exista identidad entre el sujeto (infractor), hecho (infracción o conducta punible), y fundamento. De conformidad a lo preceptuado en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece que:

“no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en los que se aprecie identidad entre el sujeto, hecho y fundamento”.

El principio de “non bis in idem” no se encuentra reconocido de forma expresa en la Constitución Española, pero se encuentra íntimamente relacionado con los principios de legalidad y tipicidad que se recogen en el art. 25.1 de la misma. Sin embargo, sí consta de forma expresa en el ya referido art. 133 de la Ley 30/1992.

Un claro ejemplo de la doble imposición sancionadora lo encontramos en los delitos derivados de la conducción de vehículos a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0’60 miligramos/litro, recogido en el tipo 379.2, CP. Dicho ilícito se sanciona con una pena de prisión de 6 meses a 2 años de prisión y con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Ley de Tráfico trata de evitar una doble imposición de sanción administrativa y penal por unos mismos hechos, estableciendo en su art. 65.1 la forma de proceder en los supuestos en que una misma acción pudiera ser considerada infracción administrativa y penal, remitiéndose a lo previsto en el art. 72 de ese mismo cuerpo legal, en el cual se establece:

“…si la infracción en cuestión puede constituir delito o falta la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de actuaciones”

Es decir, la Administración se abstendrá de dictar resolución sancionadora mientras la autoridad judicial (de lo penal) no se pronuncie al respecto mediante sentencia firme, acordándose al propio tiempo la suspensión del procedimiento administrativo.

Siguiendo esta línea de actuación el art. 5 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 1398/1993, de 4 de agosto, establece que el órgano competente acordará la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en los que se acredite que ha recaído sanción penal, criterio seguido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se establece que cuando un acto ilícito había sido castigado por los Tribunales de Justicia, la cosa juzgada impedía una posterior actuación administrativa.

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