Honorarios de abogados ¿Cuándo son abusivos? | Vexo Abogados

Libertad de honorarios de los abogados, ¿cuándo existe abusividad?

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 22/2009, de 22 de diciembre, de “Modificación de Diversas Leyes para su Adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio”, más conocida como “Ley Omnibus”, la Dirección General de la Competencia requirió a los distintos Colegios de Abogados dentro de nuestro ámbito nacional a fin de que analizaran, revisara y se replantearan la existencia de los criterios orientativos de honorarios que hasta el momento se venían publicando, dado que consideraban la utilización de los mismos una infracción grave del Derecho Comunitario de la competencia.

La ya citada “ley Omnibus” establece en su artículo 14 la Prohibición de recomendaciones sobre honorarios, estableciendo de forma expresa que los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación directriz, norma o regla sobre honorarios, salvo a los exclusivos efectos de la tasación de costas y la jura de cuentas, y la tasación de costas en la asistencia jurídica gratuita, tal como se establece en la Disposición adicional cuarta de dicha ley reguladora.

Con la entrada en vigor de la ya citada ley, los órganos colegiales dejaron de publicar los criterios orientadores, criterios que hasta el momento cuantificaban los honorarios de los abogados en los distintos asuntos, quedando la determinación de dichos honorarios al libre arbitrio de las partes interesadas, y a la autoregulación del propio sector a tenor de la oferta y la demanda del momento.

En la actualidad cuando un cliente acude ante un profesional del sector (abogado), se recomienda por los órganos colegiales que los honorarios sean previamente establecidos en lo que se denomina: “hoja de encargo”, es decir, en un contrato entre ambas partes para la prestación del servicio del asesoramiento, la defensa o la reclamación que se contraten, y en el cual se fije un importe determinado en concepto de honorarios que percibirá el abogado por la consecución del servicios contratado. Cabe matizar que estamos ante un contrato de prestación de servicio, y no de obra y servicio, es decir, el profesional tendrá derecho a percibir sus honorarios con independencia del resultado.

Dado el desconocimiento usual existente entre los clientes en relación a los honorarios del servicio contratado, en ocasiones los profesionales minutan sus servicios de forma excesiva y desproporcionada, actuando de forma contraria a la equidad y la buena fe que debe regir las relaciones contractuales, y obviando que el cliente que contrata sus servicios los contrata en concepto de consumidor, resultando amparado por la normativa protectora de consumidores y usuarios, la cual evita un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones que derivan de un contrato de arrendamiento de servicios.

Siguiendo el criterio jurisprudencial de la Sentencia de 15 de enero de 2015 del TJUE (Sala Novena), en la cual se declara la aplicación de la Directiva 93/13 CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, resulta la misma de aplicación a los contratos tipo de servicios jurídicos, los cuales vinculan a una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional (consumidor) con un abogado.

Resulta indiscutible que lo acordado por las partes en un contrato de arrendamiento de servicios lo es en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, conforme a lo preceptuado en el art. 1.255 CC, pero esta autonomía de la voluntad debe desenvolverse con las limitaciones propias que imponen las exigencias de la buena fe o el ejercicio abusivo de los derechos, a tenor de lo preceptuado en el art. 1.258 CC.

En cuanto a la normativa específica de consumidores y usuarios resulta de aplicación el artículo 80 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, el cual exige buena fe y justo equilibrio entre prestaciones y excluye las cláusulas abusivas, entendiéndose como tales aquellas que no fueron negociadas individualmente, contrarias a la buena fe y que causen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que deriven del contrato, a tenor de lo preceptuado en el art. 82 RDL 1/2007 (LGDCU).

En conclusión, podemos afirmar que en un contrato de arrendamiento de servicios entre un particular y un abogado, podemos encontrar cláusulas abusivas en relación a la fijación de los honorarios por el servicio contratado cuando estos fueren claramente desproporcionados en relación al servicio efectivamente prestado, y, a su vez, contrarios a los principios de equidad y buena fe que deben regir las relaciones contractuales, y provoquen un notorio desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, debiendo en consecuencia declararse nula dicha cláusula, a tenor de lo preceptuado en el art. 82 y 83 RDL 1/2007.

En cambio, en el caso de que el cliente no haya suscrito la referida “hoja de encargo” con el profesional, y los honorarios minutados por el servicio prestado resulten desproporcionados, estos podrán ser impugnados en sede judicial, remitiéndose la minuta ante el colegio de abogados correspondiente a efectos de que dicho organismo emita un dictamen en el cual determine si dichos honorarios se ajustan o no a la equidad y a los criterios orientadores colegiales.

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