¿Puedes negarte a la prueba de alcoholemia? | Vexo Abogados

¿Podemos negarnos a realizar la prueba de alcoholemia o la prueba de drogas?

El artículo 383 del Código Penal tipifica la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia o prueba de drogas indicando: “El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años“.

Este delito ha recibido numerosas críticas, sobre todo en relación con el derecho a declarar contra uno mismo o a la penalidad aplicable, lo que forzó, incluso, un pronunciamiento del TC, que en su Sentencia de 2 de octubre de 1997, resolvió que era constitucional ya que no suponía una vulneración del derecho a declarar contra sí mismo, al tratarse de una “pericia de contenido incierto”, al menos para quien solicita la realización de la prueba.

Otro dato de interés es el criterio mantenido por el TS en Sentencia de 7 de octubre de 2010. En este caso se analizaba el recurso interpuesto contra sentencia condenatoria por la comisión de los delitos de desobediencia, conducción temeraria y contra la salud pública. El Tribunal estimó parcialmente el recurso y absolvió al recurrente de la comisión del delito de desobediencia por entender que la huida frente a un requerimiento policial cuando se está cometiendo un delito con la finalidad de no ser descubierto es un acto de autoencubrimiento impune. Esto es, no se puede exigir al autor de un delito que atienda un requerimiento policial verbal para ser detenido. Y el acusado no sólo llevaba droga, sino que además, el vehículo que conducía había sido sustraído, careciendo de la preceptiva licencia.

En lo que a penalidad se refiere, el mismo artículo 383 CP dispone que aquel que se niegue a realizar la prueba se enfrentará a la pena de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Por otro lado, también suelen ser de aplicables las circunstancias de exención o atenuación, previstas en los arts. 20.2ª ó 21.1ª CP, tales como la embriaguez.

Finalmente, cabe resaltar que el sometimiento a la prueba no se considera una “intervención corporal” sujeta a la exclusiva autorización judicial, ya que la norma pasó el control constitucional y se entiende que la prueba constituye una mera obligación de tolerar la práctica de una pericia, justificada en razón de la seguridad del tránsito. Lo que sí exige la jurisprudencia, es que se aplique con las debidas garantías formales para preservar el derecho de defensa, lo cual incluye que se haga saber al interesado en qué consiste la prueba, su derecho a una prueba analítica de contraste y las consecuencias a las que se enfrenta en caso de negarse a realizarla. Sin embargo, no supone vulneración de los arts. 17.3 y 24.2 CE en cuanto no es equiparable a una declaración obligada, ni del art. 18.1 CE ya que tampoco cabe hablar de una infracción del derecho a la intimidad personal e integridad física, porque no carece de justificación objetiva y razonable, dado que trata de controlar un peligro que afecta a la seguridad vial.

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