¿Qué cambios supone la ley mordaza? | Vexo Abogados

¿Qué cambios introduce la Ley Mordaza?

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, anuncia en su preámbulo que la seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades constitucionales puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía e incluso afirma que ésta se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho.

El fundamento de la sustitución de la ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana se justifica vagamente del siguiente modo: “varios factores aconsejan acometer su sustitución por un nuevo texto. La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo”.

A continuación, expondremos sucintamente la tipificación de algunas de las infracciones y las sanciones previstas en la segunda sección del capítulo V.

Son infracciones muy graves:

  • Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión, incluido el sobrevuelo, cuando genere un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
  • La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  • La proyección de haces de luz sobre los conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Son infracciones graves:

  • La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  • Las reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas.
  • Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos.
  • La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente.
  • La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  • El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Son infracciones leves:

  • La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones.
  • Las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  • La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  • La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo.
  • El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
  • Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

Por ahora, además del Partido Popular, los principales sindicatos de la Policía se sienten satisfechos con la reforma legal, dado que les ofrece más protección y garantías. Parece precisamente que está encaminada a la protección de los agentes y no a la de los ciudadanos, a quienes pretende privar del ejercicio de derechos y libertades constitucionales, como son el derecho de reunión y manifestación. No solamente se han querido limitar los derechos de los ciudadanos, sino también los de aquellas organizaciones que para sus campañas hacen valer movilizaciones, así como medios de difusión tales como grandes pancartas u otros elementos que despliegan en edificios. Teniendo en cuenta la cuantía de las sanciones, parece que el objetivo principal es el quebrantamiento de la infracción, que supondrá un perjuicio económico para la organización en cuestión, así como la imposibilidad de continuar con campañas que generan tanto impacto social.

Tras la Ley Mordaza, los principios de proporcionalidad y racionalidad parecen haberse desvanecido, en tanto la evidente utilización desmedida de las sanciones establecidas, cuyo fin es el de restringir y privar las libertades individuales. Resulta del todo incomprensible que en el siglo XXI debamos recordar la teoría de Cesare Beccaria (1738-1794), quien consideraba primordial salvaguardar los derechos de los individuos, diseñando medidas proporcionales a los delitos cometidos. Lo cierto es que esta nueva normativa va en detrimento de los cambios sociales que se han producido en los últimos tiempos y coarta nuestras libertades y derechos.

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